SANTO DOMINGO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia se apresta a ventilar hoy una solicitud de nulidad de la decisión que declara la extinción de la acción penal iniciada en contra del ex director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, un hermano
y su esposa, acusados de expropiación de miles de terrenos del Estado en Bahía de las Águilas.
Con tales propósitos, fueron convocados el Ministerio Público y la defensa de los imputados, a los fines de que expongan sus argumentos para poner al tribunal en condiciones de emitir su fallo. La SCJ admitió un recurso de casación incoado por la Fiscalía del Distrito Nacional, en contra de la decisión que extingue la persecución penal en contra de Rodríguez Guzmán y los demás imputados.
Con tales propósitos, fueron convocados el Ministerio Público y la defensa de los imputados, a los fines de que expongan sus argumentos para poner al tribunal en condiciones de emitir su fallo. La SCJ admitió un recurso de casación incoado por la Fiscalía del Distrito Nacional, en contra de la decisión que extingue la persecución penal en contra de Rodríguez Guzmán y los demás imputados.
Consideró que ha podido determinar que en el caso se está en
presencia de un recurso de casación contra una decisión que pone fin al
proceso, en cuanto dirime el fondo del mismo.
Asimismo, que el examen de la sentencia de la presidenta del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito, Gisselle Méndez, revela motivos suficientes para declarar la admisibilidad del recurso. La jueza planteó que ha transcurrido el plazo máximo de duración del proceso previsto por el legislador, sin que haya intervenido sentencia definitiva e irrevocable al respecto.
Asimismo, que el examen de la sentencia de la presidenta del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito, Gisselle Méndez, revela motivos suficientes para declarar la admisibilidad del recurso. La jueza planteó que ha transcurrido el plazo máximo de duración del proceso previsto por el legislador, sin que haya intervenido sentencia definitiva e irrevocable al respecto.
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